Arbitraje o litigio: cómo resolver disputas comerciales internacionales

En los contratos comerciales internacionales, las cláusulas de resolución de controversias suelen aparecer al final del documento, aunque pueden determinar si una empresa logrará recuperar eficazmente sus créditos, controlar los costes y mantener una posición favorable en las negociaciones cuando surja un conflicto. Al participar en operaciones transfronterizas, relaciones de agencia o distribución, licencias tecnológicas, proyectos OEM／ODM, servicios de software o colaboraciones dentro de una cadena de suministro, las empresas suelen enfrentarse a una pregunta: si surge una controversia, ¿conviene acudir a los tribunales o pactar un arbitraje?

Tanto el arbitraje como el litigio judicial permiten resolver controversias comerciales, pero difieren en su fundamento jurídico, diseño procesal, forma de resolución, nivel de confidencialidad, mecanismos de impugnación y ejecución transfronteriza. Si la cláusula de resolución de controversias no se diseña claramente antes de firmar el contrato, posteriormente podrían surgir procedimientos paralelos, disputas de competencia, dificultades de ejecución o costes incontrolados.

Fundamento jurídico del arbitraje: debe existir un convenio arbitral escrito

Conforme a la vigente Ley de Arbitraje de Taiwán, las partes pueden celebrar un convenio arbitral respecto de controversias presentes o futuras y acordar que sean resueltas por un tribunal compuesto por un árbitro o por un número impar de árbitros. En principio, únicamente pueden someterse a arbitraje las controversias susceptibles de transacción conforme a la ley, y el convenio arbitral debe constar por escrito.

Esto significa que una empresa que desee someter sus futuras controversias a arbitraje no puede exigirlo unilateralmente después de que surja el conflicto. Debe incorporar previamente una cláusula arbitral clara en el contrato o contar con documentos, cartas, comunicaciones telegráficas o electrónicas intercambiadas entre las partes que permitan acreditar la existencia de un acuerdo arbitral.

Principales diferencias entre arbitraje y litigio judicial

Para una empresa, la diferencia entre arbitraje y litigio no se limita al lugar donde se resolverá la controversia. También comprende quién decidirá el asunto, el carácter público o confidencial del procedimiento, los mecanismos de impugnación, la forma de ejecución y la dificultad de hacer valer la decisión en otro país. A continuación se resumen las diferencias más habituales:

Aspecto	Arbitraje	Litigio judicial
Fundamento del procedimiento	Se basa en un convenio arbitral escrito entre las partes.	La demanda se presenta ante el tribunal competente conforme a la ley.
Órgano decisor	Los árbitros son elegidos por acuerdo de las partes o conforme al reglamento arbitral y pueden seleccionarse atendiendo a su experiencia jurídica, industrial o técnica.	El asunto es resuelto por jueces conforme al procedimiento civil.
Publicidad del procedimiento	Normalmente ofrece mayor privacidad y confidencialidad, aunque debe comprobarse según el reglamento arbitral, los acuerdos de confidencialidad y las circunstancias del caso.	Los procedimientos judiciales son, en principio, más públicos y las sentencias pueden publicarse en bases de datos judiciales.
Mecanismos de impugnación	Por regla general, el laudo no puede apelarse para obtener una nueva revisión del fondo, aunque puede interponerse una acción de anulación cuando concurra alguna de las causas previstas en la Ley de Arbitraje.	En principio, pueden interponerse recursos de apelación u otros medios de impugnación conforme a la Ley de Procedimiento Civil.
Forma de ejecución	El laudo produce entre las partes los mismos efectos que una sentencia judicial firme, pero, en principio, debe solicitarse previamente una resolución judicial que autorice su ejecución forzosa.	Una sentencia firme constituye un título ejecutivo y puede ejecutarse forzosamente conforme a la ley.
Aspectos transfronterizos	Deben considerarse la sede, la institución y el reglamento arbitral, la ley aplicable, el idioma y el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros.	Deben considerarse el tribunal competente, las notificaciones internacionales, el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, las traducciones y la autenticación documental.

Si existe una cláusula arbitral, ¿puede presentarse directamente una demanda judicial?

Uno de los efectos de la cláusula arbitral consiste en impedir que una parte eluda el procedimiento acordado y presente directamente una demanda judicial. Conforme a la Ley de Arbitraje, si existe un convenio arbitral y una de las partes inicia un litigio incumpliéndolo, el tribunal deberá, a solicitud de la otra parte, suspender el procedimiento y ordenar al demandante que someta el asunto a arbitraje dentro de un plazo determinado. No obstante, si el demandado ya ha formulado alegaciones orales sobre el fondo, podría verse afectada la posibilidad de plantear oportunamente esta excepción procesal.

Por ello, si una empresa recibe una demanda judicial pese a que el contrato contiene una cláusula arbitral, deberá revisar inmediatamente si corresponde oponer el convenio arbitral. Si no lo invoca a tiempo, una controversia que originalmente debía resolverse mediante arbitraje podría continuar ante los tribunales.

No basta con indicar que la controversia «podrá someterse a arbitraje o litigio»

En la práctica, es habitual encontrar cláusulas contractuales que señalan: «Las controversias derivadas de este contrato podrán resolverse mediante arbitraje o litigio judicial». Aunque esta redacción parece ofrecer flexibilidad, cuando surge un conflicto puede provocar disputas sobre el procedimiento aplicable.

La sentencia civil n.º 1491 del año judicial 96, serie Tai-Shang, del Tribunal Supremo señaló que una cláusula que permite resolver una controversia mediante arbitraje o litigio concede a las partes un derecho de elección procesal. Una vez que una de ellas ejerce esa facultad e inicia válidamente un procedimiento, la otra queda vinculada por dicha elección. Si ambas partes promueven por separado un arbitraje y un litigio, deberá atenderse al procedimiento iniciado en primer lugar.

Este criterio recuerda a las empresas que una cláusula ambigua que permita indistintamente «arbitraje o litigio» puede generar una carrera entre las partes para elegir primero el procedimiento, aumentando las controversias procesales y los costes. Si se pretende que el arbitraje sea el mecanismo principal, deberá estipularse claramente que la controversia «se someterá a arbitraje». Si se prefiere el litigio judicial, también deberán identificarse expresamente el tribunal competente y la ley aplicable.

El laudo arbitral puede impugnarse, pero el control judicial es limitado

Aunque el laudo produce entre las partes los mismos efectos que una sentencia judicial firme, el procedimiento arbitral no queda completamente excluido del control de los tribunales. Conforme a la Ley de Arbitraje, puede interponerse una acción de anulación por determinadas causas, como la inexistencia o invalidez del convenio arbitral, la falta de oportunidad para que una parte exponga sus argumentos, la composición irregular del tribunal arbitral, la infracción del convenio o de la ley durante el procedimiento u otros defectos graves expresamente previstos.

Sin embargo, las empresas deben comprender que una acción de anulación no permite al tribunal volver a examinar íntegramente la controversia comercial y que el simple desacuerdo con el resultado normalmente no basta para anular el laudo. El control se concentra en el convenio arbitral, las garantías procesales, la composición del tribunal, el alcance de la decisión y otros defectos legales graves.

Los laudos extranjeros necesitan reconocimiento judicial para ejecutarse en Taiwán

Los contratos comerciales internacionales suelen prever que las controversias sean resueltas por una institución arbitral extranjera o en una sede situada fuera de Taiwán. Conforme a la Ley de Arbitraje, se considera extranjero el laudo dictado fuera del territorio de la República de China o el emitido dentro de este territorio conforme a una legislación extranjera.

Un laudo extranjero no adquiere automáticamente fuerza ejecutiva en Taiwán. Primero debe solicitarse su reconocimiento ante un tribunal; solo después de que este lo reconozca producirá entre las partes los mismos efectos que una sentencia firme y podrá utilizarse como título ejecutivo. La solicitud deberá acompañarse del laudo, el convenio arbitral y el reglamento aplicable, entre otros documentos. Si estos están redactados en un idioma extranjero, también deberá aportarse una traducción al chino.

La sentencia civil n.º 1563 del año judicial 110, serie Tai-Shang, del Tribunal Supremo también señaló que un laudo extranjero no produce directamente los mismos efectos que un laudo nacional. Solo podrá ejecutarse ante el tribunal competente después de que un tribunal taiwanés compruebe el cumplimiento de los requisitos y dicte una resolución de reconocimiento. Asimismo, un laudo extranjero no puede ser objeto de la acción de anulación prevista en el artículo 40 de la Ley de Arbitraje.

¿Cuándo puede resultar más conveniente pactar un arbitraje?

El arbitraje no es necesariamente superior al litigio en todos los casos. La empresa deberá decidir atendiendo al valor de la operación, la identidad de la contraparte, el tipo de controversia, las necesidades de confidencialidad y conocimientos especializados, el lugar de ejecución y los costes previstos. Normalmente conviene evaluar una cláusula arbitral en las siguientes situaciones:

• La operación es transfronteriza: las partes pertenecen a países o regiones diferentes y la decisión posiblemente deberá reconocerse y ejecutarse en el extranjero.
• La controversia exige conocimientos técnicos o sectoriales: por ejemplo, en asuntos de ingeniería, semiconductores, licencias de software, transferencia tecnológica, aceptación de equipos o cadenas internacionales de suministro.
• La empresa concede especial importancia a la confidencialidad: por ejemplo, cuando no desea divulgar regalías, secretos empresariales, documentos técnicos, datos de clientes o modelos de negocio.
• Se pretende evitar litigios paralelos en varios países: si existe el riesgo de que las partes se demanden mutuamente ante tribunales de distintas jurisdicciones, una cláusula arbitral puede concentrar la resolución de la controversia en un solo procedimiento.
• Las partes están dispuestas a diseñar previamente el procedimiento: incluidos la sede y la institución arbitral, el número de árbitros, el idioma, la ley aplicable y la forma de presentar las pruebas.

¿Cuándo puede resultar más conveniente acudir a los tribunales?

Si la operación o controversia se concentra principalmente en Taiwán, los bienes de la contraparte también se encuentran allí y la empresa desea obtener una sentencia, medidas cautelares o una ejecución mediante el sistema judicial, el litigio puede constituir una opción más directa.

• Los principales bienes de la contraparte están en Taiwán: la posterior ejecución forzosa podrá tramitarse más directamente ante los tribunales taiwaneses.
• La cuantía de la controversia no es elevada: si los costes del arbitraje resultan comparativamente altos, el litigio judicial puede ser más rentable.
• Se necesitan medidas cautelares o coercitivas judiciales: como un embargo preventivo, una medida cautelar, el aseguramiento de pruebas o la ejecución forzosa.
• Se desea conservar la posibilidad de apelar: el litigio judicial ofrece, en principio, un sistema de recursos más completo.
• La controversia no es susceptible de arbitraje: no conviene pactarlo cuando la ley no permita la transacción sobre el asunto o cuando se trate de determinadas cuestiones de derecho público, estado civil, derecho administrativo u otras materias no arbitrables.

¿Cómo debe redactarse una cláusula de resolución de controversias?

La cláusula de un contrato comercial internacional no debería limitarse a indicar que «las partes resolverán sus controversias mediante negociación y, si esta fracasa, procederán conforme a la ley». Esta redacción es demasiado genérica y no reduce eficazmente la incertidumbre procesal cuando aparece un conflicto.

Si se elige el arbitraje, se recomienda especificar como mínimo la institución y el reglamento arbitral, la sede, el número de árbitros, el idioma y la ley aplicable. Si se opta por el litigio, deberán identificarse el tribunal competente, la ley aplicable, el método de notificación y el idioma de los documentos. En los contratos transfronterizos también debe considerarse dónde se encuentran los principales bienes de la contraparte, ya que la posibilidad de reconocer y ejecutar una sentencia o un laudo suele ser más importante que la mera obtención de una decisión favorable.

Asimismo, deben evitarse disposiciones contradictorias dentro de un mismo contrato. Por ejemplo, la versión china podría atribuir competencia a los tribunales taiwaneses mientras que la inglesa prevé un arbitraje en el extranjero; o una cláusula inicial podría exigir arbitraje y otra posterior permitir que cualquiera de las partes presente una demanda judicial. Cuando existan varias versiones lingüísticas, deberá especificarse cuál prevalece en caso de discrepancia para evitar que la controversia comience con un conflicto sobre la interpretación de la propia cláusula.

Recomendaciones jurídicas prácticas para operaciones transfronterizas

AIPT Group recomienda considerar la cláusula de resolución de controversias como un elemento esencial de la gestión de riesgos antes de firmar un contrato comercial internacional, no como un texto rutinario situado al final del documento. La comparación entre arbitraje y litigio resulta especialmente importante en contratos relacionados con pagos elevados, licencias tecnológicas, licencias de patentes o marcas, proyectos OEM／ODM, agencias o distribuciones internacionales y relaciones de suministro a largo plazo.

• Evitar cláusulas ambiguas: no limitarse a indicar que «podrá recurrirse al arbitraje o al litigio», sino identificar claramente el mecanismo principal de resolución.
• Comprobar primero el lugar de ejecución: si los principales bienes de la contraparte se encuentran en el extranjero, debe evaluarse la viabilidad de reconocer y ejecutar allí el laudo o la sentencia.
• Redactar una cláusula arbitral completa: especificar la institución, la sede, el número de árbitros, el idioma, el reglamento y la ley aplicable.
• Redactar claramente la cláusula de jurisdicción: si se elige el litigio judicial, determinar el tribunal competente, el método de notificación, la ley aplicable y el idioma de los documentos.
• Conservar flexibilidad para solicitar medidas cautelares: aunque se pacte un arbitraje, debe evaluarse la conveniencia de reservar la posibilidad de solicitar embargos preventivos, medidas cautelares u otras medidas de protección.
• Revisar previamente los contratos importantes: antes de firmar un contrato transfronterizo, los equipos jurídico, de propiedad intelectual, financiero y comercial deberían evaluar conjuntamente los riesgos de la operación y los costes de una posible controversia.

Conclusión

El arbitraje y el litigio judicial no son intrínsecamente mejores o peores; su conveniencia depende del modelo de operación, la distribución de riesgos y las necesidades de ejecución de cada empresa. El arbitraje puede resultar apropiado para controversias que exijan ejecución transfronteriza, confidencialidad, conocimientos especializados y flexibilidad procesal. El litigio puede ser preferible cuando se necesitan procedimientos judiciales, medidas cautelares, recursos de apelación o cuando los principales bienes se encuentran en Taiwán.

Para una empresa, lo más importante es redactar claramente la cláusula de resolución de controversias antes de firmar el contrato, en lugar de esperar a que surja el conflicto para decidir entre arbitraje y litigio. Cuanto más precisa sea la cláusula, menores serán las disputas procesales posteriores y mayor será el control de la empresa sobre la gestión de una controversia transfronteriza.

Fuentes: Base de Datos de Leyes y Reglamentos de Taiwán｜Ley de Arbitraje
Asociación de Arbitraje de la República de China｜Posibles conflictos entre cláusulas arbitrales y aspectos que deben tenerse en cuenta
Tribunal Supremo, sentencia civil n.º 1563 del año judicial 110, serie Tai-Shang｜Laudos extranjeros y acciones de anulación