Impagos transfronterizos: claves del embargo preventivo en Taiwán

En las operaciones transfronterizas, las empresas pueden enfrentarse a retrasos en los pagos, negativas del comprador a abonar las mercancías, facturas impagadas por distribuidores, interrupciones de la comunicación por parte de socios extranjeros o rápidos cambios en el patrimonio del deudor. Si esperan a que la sentencia del proceso principal sea firme para iniciar el cobro, pueden encontrarse con que el deudor ya ha transferido sus activos, con dificultades para ejecutar la sentencia en el extranjero o con la inexistencia de bienes ejecutables.

Ante estas situaciones, las empresas pueden valorar la posibilidad de solicitar un «embargo preventivo» para asegurar anticipadamente los bienes embargables que el deudor tenga en Taiwán, como depósitos bancarios, bienes inmuebles, cuentas por cobrar u otros derechos patrimoniales. El embargo preventivo no tiene por objeto obtener el pago inmediato, sino limitar temporalmente la facultad del deudor para disponer de sus bienes antes de que se dicte sentencia o se resuelva la controversia, evitando así que una resolución favorable resulte imposible de ejecutar.

I. Base jurídica: protección de la futura ejecución de créditos pecuniarios

Conforme al Código de Procedimiento Civil vigente, el acreedor puede solicitar un embargo preventivo para asegurar la futura ejecución forzosa de una pretensión pecuniaria o de una pretensión susceptible de convertirse en una obligación de pago. Las controversias transfronterizas por impago suelen referirse a prestaciones pecuniarias, como el pago del precio de las mercancías, honorarios por servicios, cánones de licencia, cláusulas penales o indemnizaciones por daños y perjuicios. Por tanto, en principio, pueden encuadrarse en las pretensiones susceptibles de embargo preventivo.

No obstante, las empresas deben tener presente que el embargo preventivo es una medida cautelar. No significa que el tribunal haya determinado definitivamente la existencia del crédito ni que el acreedor haya ganado el litigio. El tribunal examinará principalmente si el acreedor ha aportado elementos suficientes para acreditar sumariamente la existencia del crédito y si existe el riesgo de que la futura ejecución resulte imposible o extremadamente difícil.

II. Particularidad de los asuntos transfronterizos: mayor dificultad de ejecución en el extranjero

La conveniencia de valorar un embargo preventivo en las controversias de pago transfronterizas se debe, entre otros motivos, a que el Código de Procedimiento Civil establece expresamente que, cuando la ejecución deba realizarse en el extranjero, se considera que existe riesgo de que la futura ejecución resulte extremadamente difícil. Esta disposición tiene una importante repercusión práctica para las empresas que mantienen controversias de pago con clientes extranjeros, proveedores internacionales, agentes o distribuidores radicados fuera de Taiwán o socios comerciales transnacionales.

Por ejemplo, cuando el principal establecimiento, los bienes o las cuentas bancarias del deudor se encuentran en otro país, incluso si el acreedor obtiene una sentencia favorable en Taiwán o ante otro tribunal, todavía puede tener que afrontar el reconocimiento de la sentencia extranjera, los procedimientos locales de ejecución forzosa, la traducción y legalización de documentos, los honorarios de abogados y otros costes de tiempo y recursos. La consideración legal de que la ejecución en el extranjero comporta una especial dificultad responde precisamente a la mayor incertidumbre propia de los procedimientos transfronterizos.

Sin embargo, si una empresa desea solicitar un embargo preventivo en Taiwán, deberá comprobar si el deudor posee bienes embargables en el país o si el proceso principal o la ubicación de los bienes que se pretende embargar confieren competencia a los tribunales taiwaneses. Si todos los bienes se encuentran en el extranjero, normalmente también será necesario evaluar las medidas cautelares o los procedimientos de ejecución disponibles conforme a la legislación del país donde estén situados.

III. ¿Qué examina el tribunal? La existencia de una deuda no garantiza el embargo

La solicitud de embargo preventivo debe acreditar sumariamente tanto la «pretensión» como los «motivos del embargo». En otras palabras, no basta con afirmar que «la otra parte me debe dinero» o que «me preocupa que no pague». La empresa deberá aportar información concreta que permita al tribunal apreciar inicialmente la existencia del crédito y la necesidad efectiva de adoptar la medida cautelar.

Aspecto examinado	Documentación que puede preparar la empresa
Existencia del crédito	Contratos, pedidos, presupuestos, facturas, albaranes, conocimientos de embarque, registros de aceptación, condiciones de pago, conciliaciones de cuentas, correos electrónicos o mensajes intercambiados.
Vencimiento de la obligación de pago	Plazos de pago, gestiones de cobro, avisos de vencimiento, mensajes en los que la otra parte reconoce la deuda y acuerdos de pago aplazado o fraccionado.
Riesgo de imposibilidad o grave dificultad para la futura ejecución	Cese de actividad del deudor, transferencias patrimoniales anómalas, negativa a mantener el contacto, cheques impagados, deterioro de su situación crediticia, cambios en el registro mercantil, patrimonio manifiestamente insuficiente frente a sus obligaciones o necesidad de ejecutar en el extranjero.
Existencia de bienes embargables en Taiwán	Información sobre bienes inmuebles, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, acciones, mercancías, maquinaria u otros bienes ejecutables que el deudor posea en Taiwán.

La documentación práctica publicada por el Yuan Judicial ha recopilado resoluciones del Tribunal Supremo según las cuales circunstancias como la devolución de cheques por falta de fondos, una crisis considerable de solvencia o una diferencia manifiesta entre el patrimonio del deudor y el importe del crédito, que pudiera impedir la satisfacción de la deuda, pueden ser factores relevantes para determinar si existe riesgo de imposibilidad o grave dificultad para la futura ejecución. Por ello, las empresas que soliciten un embargo preventivo deben aportar, en la medida de lo posible, datos objetivos y no limitarse a conjeturas o temores subjetivos.

IV. La caución puede suplir una acreditación insuficiente, pero no garantiza la concesión

Conforme al Código de Procedimiento Civil, cuando la acreditación sumaria de la pretensión o de los motivos del embargo preventivo resulte insuficiente, pero el acreedor manifieste su disposición a prestar caución, o cuando el tribunal lo considere apropiado, este podrá fijar una caución adecuada y ordenar el embargo una vez constituida. Incluso cuando la pretensión y los motivos hayan sido acreditados sumariamente, el tribunal podrá exigir al acreedor que preste caución antes de conceder la medida.

Por tanto, antes de solicitar un embargo preventivo, la empresa deberá evaluar tanto el posible importe de la caución como la disponibilidad de los fondos necesarios. La caución sirve para garantizar una eventual indemnización al deudor si posteriormente se determina que el embargo fue improcedente. La empresa no debe asumir que la mera disposición a prestar caución obliga al tribunal a conceder la medida: si no logra acreditar mínimamente la existencia del crédito o la necesidad de protección cautelar, la solicitud todavía puede ser desestimada.

V. Tras obtener la resolución, debe respetarse el plazo de ejecución

Una vez obtenida la resolución de embargo preventivo, el acreedor todavía debe solicitar su ejecución. Conforme a la Ley de Ejecución Forzosa, la ejecución del embargo preventivo o de una medida provisional deberá realizarse al mismo tiempo que se notifica la resolución o antes de su notificación. Una vez transcurridos treinta días desde que el acreedor haya recibido la resolución, ya no podrá solicitar su ejecución.

Esto significa que la empresa no debe retrasar las actuaciones después de obtener la resolución. Si no solicita la ejecución dentro del plazo legal, puede perder la posibilidad de asegurar los bienes mediante dicha resolución. En los asuntos transfronterizos resulta especialmente recomendable preparar con antelación la información sobre los bienes, los documentos necesarios para constituir o consignar la caución, los datos de los activos objeto de ejecución y los correspondientes escritos judiciales, evitando que una demora procesal reduzca la eficacia de la medida.

VI. El deudor también dispone de vías de defensa

Como el embargo preventivo limita la facultad del deudor para disponer de sus bienes, la legislación también establece mecanismos de equilibrio. La resolución debe indicar que el deudor puede prestar la caución fijada por el tribunal o consignar judicialmente el importe reclamado para evitar el embargo o solicitar su levantamiento. Las resoluciones relativas a estas solicitudes también pueden ser recurridas conforme a la ley.

Asimismo, si el proceso principal todavía no está pendiente, el deudor puede solicitar al tribunal que ordene al acreedor presentar la demanda dentro de un plazo determinado. Si el acreedor no demanda dentro de dicho plazo ni inicia alguno de los procedimientos legalmente reconocidos con el mismo efecto, el deudor podrá solicitar la revocación de la resolución de embargo preventivo. Si la resolución se revoca por haber sido improcedente desde su origen o por otro motivo previsto legalmente, el acreedor también puede quedar obligado a indemnizar los daños sufridos por el deudor como consecuencia del embargo o de la caución prestada.

Recomendaciones prácticas para controversias transfronterizas

AIPT Group recomienda que las empresas que afronten una controversia transfronteriza por impago evalúen cuanto antes cuatro aspectos: la prueba del crédito, la información sobre los bienes, la necesidad de la medida cautelar y el posterior proceso principal. No conviene esperar a que la otra parte transfiera sus activos o a que la empresa extranjera cese sus operaciones para comenzar a tomar medidas.

• Conservar íntegramente la documentación de la operación: contratos, pedidos, presupuestos, documentos de envío y aceptación, facturas, conciliaciones de cuentas, reclamaciones de pago y compromisos de pago.
• Identificar los bienes del deudor en Taiwán: por ejemplo, bienes inmuebles, cuentas bancarias, cuentas por cobrar, sucursales en Taiwán, pagos pendientes de clientes, mercancías u otros bienes ejecutables.
• Recopilar pruebas de la necesidad de la medida cautelar: por ejemplo, interrupción de las comunicaciones, negativa a pagar, anomalías financieras, cheques impagados, transferencias de activos, cierre de establecimientos o necesidad de ejecutar en el extranjero.
• Evaluar conjuntamente la caución y los costes del litigio: el embargo preventivo puede exigir la prestación de una caución, además de generar gastos de ejecución, traducción, legalización y posteriores costes del proceso principal.
• Evitar utilizar indebidamente el embargo como instrumento de presión: si posteriormente se determina que la medida fue improcedente, el acreedor puede incurrir en responsabilidad por daños y perjuicios.
• Regular anticipadamente la resolución de controversias en los contratos transfronterizos: incluidos el tribunal competente, la ley aplicable, las condiciones de pago, las consecuencias del incumplimiento, las garantías, el arbitraje y la forma de notificación.

Conclusión

Ante una controversia transfronteriza por impago, las empresas pueden valorar efectivamente la posibilidad de solicitar un embargo preventivo para proteger su crédito. Esta medida puede constituir una herramienta importante de gestión de riesgos, especialmente cuando el deudor se encuentra en el extranjero, la futura ejecución puede tener que realizarse fuera de Taiwán o todavía existen bienes ejecutables del deudor en territorio taiwanés.

Sin embargo, el embargo preventivo no es un simple mecanismo de cobro ni se concede automáticamente en todos los casos de impago. Conforme a la legislación vigente, la empresa deberá aportar elementos suficientes para acreditar sumariamente la existencia del crédito y la necesidad de la medida cautelar, además de evaluar los costes de la caución, la ejecución, el litigio y el cobro transfronterizo. Cuanto antes establezca un sistema completo de conservación documental y gestión de riesgos, mayores serán las posibilidades de proteger el crédito y recuperar lo adeudado cuando surja una controversia.

Fuentes: Base de Datos Nacional de Leyes y Reglamentos｜Código de Procedimiento Civil
Base de Datos Nacional de Leyes y Reglamentos｜Ley de Ejecución Forzosa
Semanario Judicial del Yuan Judicial｜Reflexiones sobre la acreditación sumaria de los motivos del embargo preventivo