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Litigios transfronterizos en Taiwán: tasas y costes judiciales

2026/7/3

En las relaciones comerciales transfronterizas, las empresas pueden enfrentarse a facturas impagadas, controversias con agentes o distribuidores, conflictos relacionados con licencias tecnológicas, resoluciones contractuales, reclamaciones de honorarios por servicios, infracciones de derechos de propiedad intelectual o reclamaciones por daños y perjuicios. Cuando la negociación, los requerimientos de pago o un acuerdo amistoso no permiten resolver la controversia, puede ser necesario considerar la presentación de una demanda civil ante los tribunales taiwaneses.

Sin embargo, un litigio no solo implica formular pretensiones jurídicas, sino también gestionar sus costes. Antes de decidir si presenta una demanda, interpone un recurso, solicita un embargo preventivo o inicia una ejecución forzosa, la empresa debe conocer las tasas judiciales y los demás gastos procesales, evitando subestimar los costes y perjudicar su estrategia de resolución de la controversia.

Las tasas judiciales civiles se calculan por tramos según la cuantía del litigio

Cuando una demanda civil se refiere a derechos patrimoniales, las tasas judiciales suelen calcularse por tramos en función de la cuantía o el valor del litigio. Cuanto mayor sea esa cuantía, mayor será la tasa que deberá abonarse. Las fracciones inferiores a NT$ 10.000 suelen computarse legalmente como NT$ 10.000.

Conforme a la tabla vigente del Yuan Judicial para el cálculo de las tasas en asuntos civiles, los importes aplicables en primera, segunda y tercera instancia a los litigios patrimoniales son los siguientes:

Cuantía o valor del litigio Tasa de primera instancia Tasa de segunda y tercera instancia
Hasta NT$ 100.000 NT$ 1.500 NT$ 2.250
Por el tramo superior a NT$ 100.000 y hasta NT$ 1.000.000 NT$ 130 por cada NT$ 10.000 NT$ 195 por cada NT$ 10.000
NT$ 1.000.000 NT$ 13.200 NT$ 19.800
Por el tramo superior a NT$ 1.000.000 y hasta NT$ 10.000.000 NT$ 117 por cada NT$ 10.000 NT$ 175,5 por cada NT$ 10.000
NT$ 10.000.000 NT$ 118.500 NT$ 177.750
Por el tramo superior a NT$ 10.000.000 y hasta NT$ 100.000.000 NT$ 88 por cada NT$ 10.000 NT$ 132 por cada NT$ 10.000
NT$ 100.000.000 NT$ 910.500 NT$ 1.365.750
Por el tramo superior a NT$ 100.000.000 y hasta NT$ 1.000.000.000 NT$ 77 por cada NT$ 10.000 NT$ 115,5 por cada NT$ 10.000
NT$ 1.000.000.000 NT$ 7.840.500 NT$ 11.760.750
Por el tramo superior a NT$ 1.000.000.000 NT$ 66 por cada NT$ 10.000 NT$ 99 por cada NT$ 10.000

Por ejemplo, si en un contrato internacional de compraventa una empresa reclama el pago de mercancías, una cláusula penal o una indemnización por daños y perjuicios, el tribunal normalmente determinará primero la cuantía del litigio según el importe reclamado y calculará sobre esa base la tasa judicial correspondiente.

Las tasas de los recursos de segunda y tercera instancia suelen ser superiores

Cuando un litigio civil pasa a segunda o tercera instancia, la tasa del recurso se calcula, por regla general, sobre la base utilizada en primera instancia, aplicando el incremento correspondiente. Por tanto, al evaluar la conveniencia de recurrir, la empresa no debe considerar únicamente la tasa abonada en primera instancia, sino también los posibles costes judiciales de los recursos posteriores.

En las controversias comerciales transfronterizas de elevada cuantía, las tasas de segunda o tercera instancia pueden representar un coste considerable. Antes de recurrir, la empresa debe evaluar conjuntamente el beneficio esperado, la posibilidad de reforzar las pruebas, las probabilidades de éxito, la situación patrimonial de la otra parte y la viabilidad de una futura ejecución.

Litigios no patrimoniales y otros gastos procesales habituales

Cuando el asunto no consiste únicamente en reclamar una suma de dinero, sino que se refiere a la declaración de una relación jurídica, derechos de la personalidad, pretensiones de abstención u otras cuestiones de naturaleza no patrimonial, pueden aplicarse las tasas previstas para las demandas no patrimoniales. Si un mismo litigio acumula pretensiones patrimoniales y no patrimoniales, las tasas pueden tener que calcularse por separado.

Tipo de asunto Primera instancia Segunda y tercera instancia
Demandas o recursos de naturaleza no patrimonial NT$ 4.500 NT$ 6.750

Además de la demanda y los recursos, la gestión de una controversia transfronteriza puede implicar gastos de mediación, ejecución forzosa, embargo preventivo, otras medidas cautelares, traducción de documentos, fotocopias del expediente, reproducción de expedientes electrónicos o notificaciones. Estos costes deben calcularse según la etapa en que se encuentre el asunto.

Tipo de procedimiento Importe o método de cálculo Consideraciones prácticas
Solicitud de mediación Cuantías inferiores a NT$ 100.000: exentas; desde NT$ 100.000: entre NT$ 1.000 y NT$ 5.000 según el tramo aplicable Adecuada para asuntos en los que se desea intentar primero un acuerdo o conservar la relación comercial.
Solicitud de ejecución forzosa Asuntos patrimoniales inferiores a NT$ 5.000 o basados en un certificado de crédito: exentos; desde NT$ 5.000: NT$ 0,8 por cada NT$ 100 Incluso después de obtener una sentencia favorable, debe comprobarse si la otra parte posee bienes ejecutables.
Traducciones, fotocopias, transcripciones y expedientes electrónicos Según las tarifas judiciales aplicables o los gastos efectivamente incurridos Los asuntos transfronterizos suelen incluir contratos, correos electrónicos, documentos técnicos e información societaria en otros idiomas, por lo que estos gastos deben estimarse con antelación.

Las controversias transfronterizas requieren una estimación más rigurosa de los costes

Las controversias comerciales transfronterizas suelen ser más complejas que los litigios nacionales. Además de las tasas judiciales, pueden generar costes de traducción de contratos, obtención de pruebas en el extranjero, legalización de documentos societarios, notificaciones internacionales, dictámenes sobre derecho extranjero, ejecución transfronteriza y honorarios de abogados.

Antes de iniciar el litigio, la empresa debe evaluar la cuantía reclamada, la ubicación de los bienes de la otra parte, las posibilidades de ejecutar una eventual sentencia favorable, la integridad de las pruebas y la duración y coste del procedimiento. Cuando la cuantía sea reducida, pero la obtención de pruebas y la ejecución internacional resulten especialmente costosas, también pueden considerarse alternativas como un requerimiento de abogado, la mediación, el arbitraje, un acuerdo amistoso o la negociación comercial.

Aspectos que las empresas deben evaluar

  • Cuantía del litigio: comprobar si el principal reclamado, las cláusulas penales, los daños y perjuicios, los intereses u otras pretensiones accesorias afectan al cálculo de la tasa judicial.
  • Tasas judiciales: estimar por separado los posibles gastos de primera, segunda y tercera instancia, evitando considerar únicamente los costes de presentación de la demanda.
  • Costes probatorios y de traducción: los contratos, la correspondencia, los documentos de compra, las facturas, la documentación aduanera y los documentos técnicos redactados en otros idiomas pueden requerir traducción o legalización.
  • Viabilidad de la ejecución: incluso si se obtiene una sentencia favorable, debe comprobarse si la otra parte posee bienes ejecutables en Taiwán o en otra jurisdicción donde pueda llevarse a cabo la ejecución.
  • Cláusulas de resolución de controversias: los contratos transfronterizos deben definir claramente el tribunal competente, la ley aplicable, el convenio arbitral, la forma de notificación y el idioma contractual.

Recomendaciones jurídicas y de propiedad intelectual

AIPT Group recomienda que, al redactar contratos transfronterizos, acuerdos de licencia, contratos de agencia o distribución y documentos de cooperación tecnológica, las empresas incorporen anticipadamente los costes de resolución de controversias al diseño contractual y a la gestión de riesgos, en lugar de evaluar los gastos del litigio únicamente después de que surja el conflicto.

  • Definir claramente la jurisdicción y la ley aplicable: evitar futuras controversias sobre el país, tribunal o institución arbitral que deberá conocer del asunto.
  • Conservar registros completos de las operaciones y del cumplimiento: incluidos presupuestos, pedidos, justificantes de pago, documentos de envío, documentación técnica, registros de aceptación y correspondencia.
  • Evaluar anticipadamente los costes del litigio y de los métodos alternativos: valorar la conveniencia de la vía judicial, la mediación o el arbitraje según la cuantía, las posibilidades de ejecución transfronteriza y la relación comercial entre las partes.
  • Realizar una evaluación jurídica antes de las operaciones importantes: especialmente en licencias de patentes o marcas, transferencias de tecnología, colaboraciones OEM/ODM y contratos internacionales de agencia o distribución, deben definirse previamente la titularidad de los derechos y las consecuencias del incumplimiento.

Conclusión

Aunque las tasas judiciales representan solo una parte del coste total de un litigio, constituyen una base importante para decidir si se presenta una demanda, se interpone un recurso o se solicita una medida cautelar en una controversia comercial transfronteriza. Reducir anticipadamente los riesgos mediante una adecuada redacción contractual, una gestión organizada de las pruebas y una estimación de costes permite a la empresa conservar una mayor capacidad de iniciativa en las posteriores negociaciones y estrategias procesales.

AIPT Group seguirá atentamente la evolución de los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, la resolución de controversias transfronterizas y la práctica jurídica empresarial. Asimismo, continuará ayudando a sus clientes a establecer estructuras más completas de gestión de riesgos en materia de propiedad intelectual, contratos internacionales, operaciones de licencia y controversias comerciales.

Fuentes: Yuan Judicial|Normas sobre las tasas aplicables a los asuntos civiles
Base de Datos Nacional de Leyes y Reglamentos|Código de Procedimiento Civil

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